La crítica central al Gobierno de Milei reside en su manejo de esta legislación crucial, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto. El Poder Ejecutivo (PE) optó por promulgar formalmente la norma, pero "suspende materialmente la ejecución de la ley". Esta suspensión fue oficializada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, bajo el argumento del impacto fiscal que, según el PE, traería a las cuentas del Estado. La aplicación de la ley queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

La UBA ha emitido una condena institucional severa a esta acción, sosteniendo que la decisión gubernamental:

1. Altera el Sistema Republicano: El decreto suspensorio "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional".

2. Quebranta la Voluntad Soberana: La acción del PE "quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".

3. Vulnera Derechos Constitucionales: Implica la "vulneración de derechos constitucionalmente establecidos" al impedir que el sistema universitario y su comunidad accedan al financiamiento y a la recomposición salarial.

4. Profundiza la Crisis: La UBA ya había declarado previamente la "emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria". El Consejo Superior enfatizó que la "no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis".

5. Ataque Directo a la Educación Pública: El texto de la resolución considera que la no ejecución de la Ley 27.795 es "un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina".

Las autoridades universitarias recalcaron que la norma aprobada tiene como objeto fundamental "garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales" y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Por ello, consideran “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley” 

Asignando urgentemente los recursos necesarios en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Es relevante mencionar que, según el informe, esta no es una medida aislada del Gobierno, ya que hace un mes "ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad". La UBA ha fundamentado su decisión judicial en la grave situación económica y el menoscabo salarial que atraviesan los trabajadores universitarios.