Mientras millones de familias argentinas sobreviven endeudándose para comer, pagar servicios o llegar a fin de mes, un sector del Congreso decidió romper el silencio y poner sobre la mesa una discusión incómoda para el Gobierno nacional: qué rol debe tener el Estado frente al endeudamiento masivo de los hogares.

En ese marco, diputados de distintos espacios opositores presentaron un proyecto que propone que ANSES vuelva a tener herramientas concretas para intervenir, otorgando créditos de hasta $1.500.000 destinados exclusivamente a cancelar deudas con tarjetas de crédito y prestamistas no bancarios, hoy convertidos en una verdadera trampa financiera para amplios sectores sociales.

Crédito para ordenar, no para seguir hundiendo

La iniciativa apunta a algo simple, pero políticamente explosivo: reemplazar deuda impagable por deuda posible.
No se trata de “regalar plata” ni de incentivar el consumo, sino de ordenar pasivos que hoy crecen a tasas usurarias, en muchos casos superiores al 100% anual.

El esquema plantea:

• Créditos con una tasa vinculada a la TAMAR + 10 puntos,
• Cuotas que no superen el 30% del ingreso,
• Y una operatoria directa donde ANSES paga la deuda al acreedor, evitando desvíos o usos discrecionales.

¿Qué es la TAMAR y por qué importa?

La TAMAR es la Tasa Mayorista de Argentina: una tasa de referencia que refleja el costo del dinero entre bancos, muy por debajo de lo que pagan hoy las familias en tarjetas o créditos de consumo.
Atar los préstamos a esa tasa implica salir del circuito del crédito salvaje y acercar el financiamiento a condiciones más razonables, sin romper el equilibrio del sistema.

Dicho en criollo: no es tasa amiga del banco, es tasa posible para el laburante.

Una señal política desde el interior

Entre los firmantes del proyecto aparece Ernesto “Pipi” Alí, diputado nacional por San Luis. Sin estridencias ni discursos altisonantes, su presencia marca una posición clara: cuando el endeudamiento se vuelve estructural, mirar para otro lado también es una decisión política.

Desde el interior del país, donde el ajuste no se discute en PowerPoint sino en la mesa familiar, el acompañamiento a esta iniciativa funciona como un mensaje: el problema no es la deuda, es el abandono.

El contexto que explica el proyecto

La propuesta no nace en el vacío. Llega en un escenario donde:

• El crédito al consumo creció de forma explosiva fuera del sistema bancario,
• Las tarjetas y fintechs concentran niveles récord de morosidad,
• Y los ingresos reales siguen perdiendo contra la inflación acumulada.

Frente a ese cuadro, la respuesta oficial ha sido retirar al Estado del tablero, eliminar herramientas de intervención directa y confiar en que el “orden” llegue solo, aun cuando los números muestran lo contrario.

Sin épica, pero con una pregunta incómoda

El proyecto no promete soluciones mágicas ni épica discursiva. Lo que hace es volver a plantear una pregunta que el actual rumbo económico evita:
¿qué pasa cuando el ajuste deja de ser un concepto y se convierte en deuda permanente?

Mientras el Gobierno insiste en que el mercado se regula solo, esta iniciativa advierte que, sin una red mínima de contención, el endeudamiento deja de ser un problema financiero y pasa a ser una forma de exclusión silenciosa.

Lo que viene

El debate recién empieza. El proyecto deberá pasar comisiones y enfrentar resistencias en un Congreso atravesado por la lógica del recorte permanente. Pero el solo hecho de que exista reinstala una discusión que parecía clausurada: la del Estado actuando cuando el bolsillo de las mayorías entra en emergencia.

Y en tiempos donde la política muchas veces elige el dogma antes que la realidad, volver a hablar de alivio concreto para las familias no es un detalle menor.